He trabajado en gestión del conocimiento empresarial. Creo que cualquier empresa se deleitaría con un sistema de externalización y combinación del conocimiento tan eficiente como el marco jurídico colombiano. Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, con su modelo SECI, explicaron que las organizaciones aprenden cuando logran “sacar” el saber de la cabeza y el cuerpo de las personas (el conocimiento tácito), ponerlo por escrito (explícito) y combinarlo con el de otros y en otros formatos. Nuestras leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos municipales y contratos son eso: cientos de años de aprendizaje y error, en ocasiones con mucho dolor, que hoy podemos comprender y aplicar porque alguien los dejó explícitos.
Una norma también es información, así que conocer las normas equivale a expandir la consciencia acerca de cómo, históricamente, los actos individuales han afectado a la sociedad. Nadie puede detenerse a pensar en cada vida del planeta antes de actuar, pero las normas nos adelantan una buena parte de ese trabajo. Existen, además, para ahorrarnos discusiones morales sobre las tensiones normales de coexistir, siendo tan distintos, en un mismo territorio.
Sé que decir: “Hemos acordado las normas” es simplificar. No todos acordamos todo, ni con el mismo peso, y el Congreso nos representa de manera imperfecta, así que casi todos estamos a favor de unas normas y en contra de otras. Por eso creo que conviene separar dos preguntas que mezclamos mucho. La primera es si un comportamiento está permitido. Para responderla, nuestra opinión pesa muy poco o nada. ¿Me gusta lo que pasó?, ¿no me gusta?, da igual; lo que cuenta es lo que hemos decidido históricamente como sociedad. La segunda es si debería estar permitido. Ahí sí pesan la experiencia, el contexto y la historia de cada uno. Esta última es una conversación valiosa, porque las normas envejecen, se contradicen o se crearon de manera injusta. Para construir respuestas a esta segunda pregunta hay mecanismos idóneos como el voto, la participación ciudadana, la propuesta de reformas, la demanda de normas existentes o la protesta formal.
Cuando respondemos la segunda pregunta como si fuera la primera, armamos las discusiones de siempre: “Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo”. Si pudiéramos medir en julios la energía psíquica que gastamos en estas discusiones, esa energía de la que habló Csíkszentmihályi, me imagino, en mis divagaciones matutinas, que alcanzaría para iluminar a Medellín.
Le quiero poner nombre a ese fenómeno de mezclar las dos preguntas: moral a la carta. Cumplo las normas que me convienen y alzo la voz a los vecinos cuando no me convienen. Evitar este fenómeno en la interpretación de las tensiones cotidianas nos permite simplificar mucho el modelo mental: si dejo a mi perro suelto en un espacio público o en las áreas comunes de una urbanización, estoy incumpliendo las normas del país; si le doy un uso turístico a un apartamento ubicado donde solo se autoriza el uso residencial, estoy incumpliendo las normas del país; si paro encima de la cebra o del carril para bicicletas, estoy incumpliendo las normas del país; si pago menos impuestos de los que me corresponden, estoy incumpliendo las normas del país.
La confusión entre las dos preguntas es difícil de evitar. Aparece, incluso, en quienes ejercen funciones públicas, y en ellos pesa más porque actúan en nombre de todos. El viernes 2 de octubre, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín y alcalde encargado, fue al parque de La Mota, en Belén, rodeado de un esquema de seguridad. Allí encontró a un joven consumiendo marihuana en una banca, a pocos metros de unos juegos infantiles. Su medida fue, como lo percibí, echarle cantaleta (volvemos a la discusión moral): “Andá pa’ tu casa y te la metés allá”. Luego ordenó a los policías llevarlo al cuadrante. El video de este hecho lo publicó el propio secretario el lunes 5 y, el martes 6, la Secretaría confirmó que el joven no fue judicializado.
Villa acompañó el video con un mensaje que habla de una “norma básica de convivencia”, pero en el ordenamiento colombiano no existen “normas básicas”. Hay normas, con número y artículo. Para este caso existen la Ley 1801 de 2016, la Ley 2000 de 2019 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Si respaldaban la intervención, bastaba con aplicarlas, sin el show del discurso moral; si no la respaldaban, la cantaleta tampoco la hacía legítima. Buena parte de las reacciones que vi acerca de este suceso se enfocaron en si nos gustó o no nos gustó la actuación del secretario. Es una discusión que se agota en la opinión de cada uno. Acudir al sistema de gestión de conocimiento histórico llamado “las normas colombianas” habría bastado para encauzarla mejor.
¿Cuánta energía psíquica colectiva nos habríamos ahorrado?
Te propongo un ejercicio para este mes, que te sirve tanto para tratar el asunto del perro suelto como para reaccionar a las noticias. Cuando te estés formando una opinión sobre el comportamiento de otros (o el propio), pregúntate “¿qué hemos acordado como sociedad?”, “¿una persona puede lograr lo que quiere o necesita hacer respetando esos acuerdos?” y “¿qué mecanismos tengo para proponer un cambio en esos acuerdos?”.
