Este mes de agosto se cumplen diez años de la Ley 1804 de 2016, conocida como la Ley de Cero a Siempre, mediante la cual Colombia elevó a política de Estado el desarrollo integral de la primera infancia y reconoció a niñas y niños, desde la gestación hasta los seis años, como sujetos de derechos prevalentes y ordenó la acción coordinada del Estado, la sociedad y las familias; y para garantizar su salud, nutrición, educación inicial, cuidado, protección y participación.
Una década después, el país cuenta con un marco normativo sólido y avances importantes en la consolidación de la atención integral; sin embargo, el principal desafío aún sigue siendo que se garanticen efectivamente los derechos de todas las niñas y los niños, sin importar el territorio donde habitan.
“La primera infancia es la etapa en la que se construyen las bases del desarrollo humano. Por eso, evaluar estos diez años implica preguntarnos si la política ha logrado reducir las brechas y garantizar igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida”, señala Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz.
De acuerdo con información oficial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó avances cercanos al 88 % en la meta (1,9 millones de niñas y niños) de atención integral y educación inicial; sin embargo, persisten las brechas, especialmente en zonas rurales dispersas, comunidades étnicas y territorios afectados por el conflicto armado. Asimismo, el acompañamiento a los municipios para fortalecer la gestión territorial continúa siendo uno de los grandes retos para consolidar la política pública.
Actualmente, Colombia cuenta con cerca de 4,34 millones de niñas y niños entre los 0 y los 5 años, quienes requieren servicios integrales de salud, nutrición, educación inicial, cuidado y protección para alcanzar su máximo potencial de desarrollo.
En el marco de este aniversario, Red PaPaz hace un llamado al Gobierno Nacional a que destine una inversión en primera infancia de al menos el 1,16 % del PIB; al Congreso de la República, a las autoridades territoriales y a los diferentes actores responsables de la atención integral a renovar su compromiso con la primera infancia, priorizando decisiones de política pública que permitan cerrar las brechas existentes y garantizar que los derechos reconocidos por la Ley 1804 se traduzcan en oportunidades reales para todas las niñas y los niños de Colombia.
