Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia educativa reciente. Las decisiones del gobierno nacional han generado una crisis que amenaza con debilitar el sistema educativo privado, particularmente en los estratos medio y medio-bajo: Icetex, Colfuturo, infraestructura inadecuada e insuficiente, y ahora el alza del salario mínimo versus el aumento de matrículas para 2026, son algunos de los ejemplos de la tormenta perfecta.
El decreto que fijó el salario mínimo con un incremento del 23 % -cuyo decreto se encuentra “provisionalmente suspendido” por orden del Consejo de Estado- se presentó como una medida de justicia social, sin embargo, para el sector educativo privado representa desahuciar una parte muy representativa de la población educativa. Con costos laborales que constituyen entre el 60 % y 70 % de sus presupuestos, los colegios enfrentan un aumento exponencial de gastos que no pueden trasladar a las familias. La paradoja es desalentadora al comparar los costos de un salario mínimo legal vigente (SMLV) que se dispara un 23 %, generando alzas absurdas en todo lo concerniente al mantenimiento y gestión educativa, y la Resolución 019805 del Ministerio de Educación, donde se establece el aumento de matrículas entre el 5,26 % y 9,1 % para el año corriente; esta brecha del 14 % al 18 % no tiene una solución viable o a la vista.
Contrario a la percepción generalizada, entre el 77 % y el 90 % de los estudiantes del sector privado pertenecen a estratos 1, 2 y 3. De los más de 9.000 colegios privados en Colombia, la mayoría son instituciones pequeñas y medianas. Con estas decisiones, un colegio privado debe aumentar su nómina que tenga como base el SMLV un 23 %, pero solo puede incrementar sus ingresos promedio de un 5 % a un 9 %, si cumple los siguientes requisitos: resultados de autoevaluación, índice de permanencia, acreditación de calidad, inclusión y escalafón docente. ¿De dónde sale la diferencia?, ¿cómo se subsana esta brecha? Ante este panorama los colegios deben despedir colaboradores, reducir calidad, o cerrar; ya nuestro mayor enemigo no es la caída mundial en la natalidad, ahora nos enfrentamos a un “fuego amigo”.
Desde 2020, cerca de 800 instituciones educativas privadas han cerrado en el país, cada cierre representa no solo la pérdida de empleos, sino la desaparición de proyectos educativos construidos durante décadas: miles de estudiantes de familias clase media se verán forzados a migrar al sistema público, ya sobrecargado, y además cientos de docentes perderán sus empleos.
Un país que debilita su educación abate su futuro. Como ya le he expuesto en varias de mis columnas, la educación no es solo un servicio, es la inversión más importante para el desarrollo económico, la reducción de pobreza, la generación de capital humano calificado y el avance científico y tecnológico del país. Al poner en riesgo la viabilidad del sector educativo privado, el gobierno compromete la formación de una generación completa de colombianos, la competitividad futura del país en una economía globalizada, las posibilidades de movilidad social que la educación representa y la estabilidad laboral de miles de familias vinculadas al sector educativo.
Las políticas del gobierno han creado la tormenta perfecta, porque lo que se presentó como equidad social termina siendo un golpe devastador contra la educación accesible para la clase trabajadora y al final, para todos. Colombia no puede perder su red de colegios privados en cualquier estrato socio económico, porque, definitivamente el desarrollo del país depende de la educación de sus ciudadanos.
