Alcalde de Medellín radicó solicitud ante la Corte Constitucional para suspender decreto de emergencia económica

Con esta acción, Federico Gutiérrez Zuluaga pide que se declare inconstitucional el decreto nacional y que se suspendan sus efectos. El mandatario invitó a otros gobernantes y sectores del país para que se adhieran a esta solicitud.
Por: Redacción
13 enero, 2026
El mandatario de Medellín llamó a académicos, ciudadanos, empresarios, alcaldes, gobernadores, asociaciones y gremios del país para que se sumen a su petición ante la Corte Constitucional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, radicó este martes ante la Corte Constitucional la solicitud de una medida cautelar de urgencia que suspenda de manera inmediata los efectos del decreto de emergencia económica y, por ende, del decreto de reforma tributaria del Gobierno nacional, que se estableció sin pasar por el Congreso de la República.

“Como alcalde y ciudadano, siempre he confiado en las instituciones y seguiré confiando. Confiamos en que las instituciones preservarán la democracia y que mantendrán, justamente, el orden legal en Colombia. Nadie está por encima del orden legal, mucho menos el presidente”, dijo el mandatario distrital.

Asimismo, extendió un llamado a académicos, ciudadanos, empresarios, alcaldes, gobernadores, asociaciones y gremios para que ejerzan su derecho y deber de participación ciudadana en defensa de la integridad de la Constitución Política y se adhieran a la solicitud.

“Tenemos elementos suficientes y detallados en este documento de 48 páginas, consideramos que es abiertamente ilegal e inconstitucional. Pedimos que, en los próximos días, ojalá muy rápido, esa medida cautelar se haga efectiva. Es muy grave tener un presidente que se quiere imponer sin respetar la separación de poderes. Esto pone a prueba la democracia y las instituciones”, añadió Gutiérrez.

La emergencia económica se decretó bajo una supuesta crisis, que toma como argumentos el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de salud, obligación que está pendiente desde hace tres años.

Al respecto, la Alcaldía de Medellín interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Otro de los fundamentos es la garantía de seguridad por alteraciones en el orden público, que no es acorde con los beneficios que desde la presidencia se otorgan a los grupos criminales.

A estas motivaciones se suman los desastres naturales causados por la ola invernal y el pago de sentencias judiciales, las cuales no ameritan una emergencia económica, dado que no son imprevisibles.

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