La democracia no solo es un sistema de gobierno, sino también un modo de vida compartido. Se sustenta en el contrato social, la ética pública y en la diversidad como un bien común.
Según lo apuntó Estanislao Zuleta, maestro y pensador inolvidable, “la democracia es modesta: es la voluntad de escuchar a los demás y de practicar la autocrítica”. Por lo tanto, es el espacio propicio para la formación de agentes de cambio. Esta definición va más allá de los debates electorales o del ejercicio de las urnas; cimenta la cultura política de convivencia y la posibilidad de construir proyectos colectivos. Y a la vez nos permite relacionar directamente la educación y la democracia.
Desde este punto de vista, la democracia se vuelve lo opuesto al autoritarismo, al dogma, a la actuación desde la retórica ideológica. Promueve instituciones que no se restringen simplemente a mantener el statu quo, sino que se convierten en plataformas de cambio social.
Y en este mismo contexto, la educación se constituye como soporte esencial para la democracia. La educación, además de que ofrece destrezas técnicas y de innovación, fomenta la capacidad de discernimiento, el pensamiento crítico y las competencias ciudadanas. Por eso, no es gratuito que la Unesco la haya declarado “como un bien común mundial”.
La mejor manera de protegerse contra los extremismos ideológicos y las reducciones dogmáticas es formar ciudadanos que sean capaces de entender su realidad, dialogar con la diferencia y participar activamente en la vida pública. Y, en ese proceso, la construcción de políticas públicas desde la evidencia y el rigor académico es hoy uno de los mejores antídotos contra las tres “P” que se han instalado entre quienes hoy lideran el país desde un supuesto “mandato de refundación”. Son las “P” de “polarización”, “posverdad” y “populismo”, puestas en evidencia por Moisés Naím para denunciar las “autocracias” de izquierda y de derecha que hoy gobiernan en varios países de América Latina.
Pero hay otra dimensión trascendente de la relación entre democracia y educación. No existe fuerza más poderosa para el cambio social que posibilitar que un joven tenga acceso a una educación de calidad y a un futuro laboral digno. La democratización de las oportunidades en la educación no solo consiste en abrir vacantes, como pregonan, con total falta de ambición, algunos funcionarios públicos: también significa asegurar que sean pertinentes, de calidad y con libertad para elegir. Según el nobel de Economía Amartya Sen, la libertad verdadera es la posibilidad de escoger la vida que mejor se estima.
Esto significa que los jóvenes, desde su derecho inalienable a la educación, deben tener la capacidad de decidir qué y dónde estudiar, teniendo a su disposición un Estado que regule y facilite el acceso; pero, al mismo tiempo, reconozca a los agentes privados como socios estratégicos en el fortalecimiento de la cobertura, la pertinencia y la calidad.
En esta perspectiva, cualquier apuesta por una estatización obtusa e ideologizada de la educación representa una grave amenaza a la democracia y a sus instituciones.
