Durante la última década, el Sistema Universitario Estatal —SUE— ha demandado la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, de manera que se pueda subsanar el desfinanciamiento estructural que acumula el sistema educativo.

Estas peticiones han sido interpuestas como resultado de la base normativa que se estableció hace más de 32 años y que, según el Sistema Universitario Estatal, “no es proporcional con el crecimiento, ampliación de cobertura, aumento de la presencia regional y cualificación del recurso humano que han alcanzado las universidades públicas colombianas en las últimas tres décadas”.

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Luego de un proceso amplio de análisis y reflexión del sector, el Ministerio de Educación Nacional radicó ante el Congreso de la República —el pasado 3 de septiembre de 2024— el proyecto de ley “Acuerdo Nacional por la Educación Superior”, propuesta que pretende modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una financiación adecuada para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales del país.

“Vemos con preocupación que, aunque ya han pasado varios meses desde que se radicó el proyecto, los avances para su análisis, retroalimentación y aprobación dentro del legislativo no han tenido la premura y urgencia que se requiere”,

indicó el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia.

El alma mater de los antioqueños ha atravesado por problemas económicos y una coyuntura financiera que se ha evidenciado mucho más en el último año. Los problemas se deben, según la institución, a tres décadas de presencia y cobertura regional, lo cual implica esfuerzos económicos más grandes.

Por la desfinanciación y los números rojos que presenta la institución, la Universidad insistió al Congreso de la República que dé trámite prioritario a la iniciativa legislativa con la expectativa de que se garantice la continuidad del servicio educativo.