Ya en vigencia real, a partir de la prioridad que les ha dado el alcalde Federico Gutiérrez a la seguridad y a la convivencia, la ciudad se entera de que por una mezcla de razones, entre ellas el consumo de licor, Medellín tiene un problema calculado en 15.000 riñas cada mes. Para verlo de otro modo, la Policía tiene que correr a contener, o debería hacerlo, 20 peleas cada hora. Un fenómeno que estaba oculto entre homicidios, extorsiones, atracos. Más tarea para las autoridades, más zozobra para la convivencia y la seguridad.
¿Bajarán las 15.000 riñas por efecto de la prohibición a beber licores en sectores como vías públicas y parques? El ejercicio de la medida lo determinará y las autoridades deben comprometerse con el seguimiento y con el control y con comunicarlo.
Era una prohibición necesaria. Si está escrita en la norma, se tiene que aplicar. ¿Qué es un Estado de derecho cuando la Policía no hace cumplir una Ordenanza y cuando el ciudadano se la parrandea? Si una norma no es adecuada, no se obvia, se debate y se reforma en las instancias apropiadas.
Además es necesaria porque si el caos de riñas estaba oculto, ¿qué decir de problemas señalados como de menor importancia y que vienen marcando las vidas de no pocos residentes desde hace dos décadas, problemas promovidos por una manera errada de concebir consumos y fiesta? Los testimonios de residentes abundan, además de envejecer en los despachos de las autoridades: puertas, fachadas, jardines y antejardines que son agregados a la fuerza a sus espacios por rumberos desaforados y que son convertidos en pistas de baile, sanitarios, basureros y moteles.
No es el grupo de amigos que en medio de una tertulia comparte unos tragos, donde se origina el deterioro de la convivencia en la ciudad. Son los desmanes, las agresiones, las invasiones, lo que las autoridades deberían perseguir. Hoy y desde hace cuatro años.
