La vía de acceso, jardines exteriores y parqueaderos de la mansión Montecasino permanecen ocultos bajo una densa capa vegetal. La piscina, piletas y albercas están recubiertas por un verdoso y fangoso tapete de aguas contenidas.
Adentro, en las paredes, antes revestidas de excentricidades, afloran ahora humedades y grietas que dibujan misteriosas formas desde el piso hasta el techo. Los muros de la cava, de la que se dice fue lugar de tortura y muerte durante la época de los hermanos Castaño Gil, destilan un frío vaho con olor a espanto.
Desde agosto de 2015, como parte de los procesos de Justicia y Paz, el predio de 33 mil metros cuadrados, conformado por la mansión principal, dos casas aledañas, dos piscinas, canchas y zonas verdes, le fue entregado al Fondo de Reparación para las Víctimas -FPV-. Sin embargo, la administración del lugar genera cuantiosos gastos que desbordan la capacidad de la entidad.
En varias ocasiones se ha intentado vender o arrendar el lugar para destinar ese dinero a la reparación de las víctimas de la violencia. Con el propósito de producir recursos, el FPV alquiló desde hace dos años una de las casas y una porción de la finca, cerca de la avenida El Poblado, para el funcionamiento de un vivero, un café-bar y una granja para niños.
Ante el deterioro progresivo de la casona principal y su compleja administración, el pasado 28 de mayo la Unidad para las Víctimas entregó la propiedad, en calidad de comodato, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para instalar allí un laboratorio temporal de identificación de cuerpos de personas que sufrieron hechos victimizantes.
“Ellos se van a encargar de adecuar el lugar para ubicar acá todo su proceso antropológico, forense y de reconstrucción de cuerpos, más de 1.300, que en Antioquia están en la ruta de identificación de personas dadas por desaparecidas. Con este comodato nos ahorramos ese dinero que destinamos al mantenimiento del lugar y podemos tener así más recursos para pagar las sentencias de reparación”, explicó María Patricia Tobón Yagarí, directora general de la Unidad para las Víctimas.
Sitio de encuentro entre paramilitares y narcotraficantes
De acuerdo con versiones de exparamilitares, Montecasino fue escenario de macabras alianzas entre el paramilitarismo y el narcotráfico que derivaron en los magnicidios de Luis Carlos Galán Sarmiento y Carlos Pizarro Leongómez en 1989 y 1990, respectivamente; la masacre de Mapiripán (Meta), en 1997; el asesinato de militantes de la Unión Patriótica y muchos otros hechos que conmocionaron al país.
Según declaraciones de testigos de la época, Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe del llamado Cartel de Medellín, también era asiduo viistante de la propiedad. Se cree que allí se planeó el atentado contra el vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre de 1989 donde murieron 107 personas.
Aunque para las víctimas de la violencia es paradójico que el sitio donde los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- concibieron tantos vejámenes contra la población civil sea anunciado como laboratorio forense, también les resulta esperanzador que ese escenario contribuya al esclarecimiento de la verdad e identificación de sus seres queridos.
“Para nosotros la entrega de esta casa recoge nuestra lucha. Es una manera de hacer memoria y de dignificar a nuestros familiares desaparecidos. Es valioso que un lugar que albergó tanta maldad se transforme en un espacio para cosas positivas. Significa la esperanza de recuperar, después de tantos años de búsqueda, los cuerpos de nuestros padres, hermanos e hijos y darles cristiana sepultura”, destacó Diana María Vergara Gómez, representante de la Mesa de Desaparición Forzada de Antioquia.
La noticia sobre la instalación de un laboratorio forense en ese lugar también generó sensaciones encontradas en Yahaira Valencia, una de las vigilantes de la casa-finca. Ella y su familia sufrieron desplazamiento forzado. A comienzos de los 90 los paramilitares asesinaron a su papá y desaparecieron a uno de sus hermanos en el municipio de Uramita, Occidente antioqueño.
“Es irónico que yo esté cuidando este lugar donde se planearon tantas cosas malas y que tal vez uno de esos restos que van a traer acá sean los de mi hermano. Él tenía 17 años cuando se lo llevaron y mi mamá murió con la ilusión de enterrarlo. En honor a ella me gustaría que él esté entre esos cuerpos. Para nosotros, como víctimas, sería la mejor reparación”, expresó entre sollozos.
Vecinos de la propiedad están inquietos
Tras el anuncio, algunos vecinos de Montecasino se mostraron inquietos por los retos que implicaría para el sector la ubicación de un laboratorio de Medicina Legal para la identificación de personas dadas por desaparecidas. Expertos en temas forenses explicaron que el lugar propuesto en nada se parece a una morgue como muchos pudieran pensar.
“Hay que hacer claridad que esta labor es meramente científica. Se trata de procesos antropológicos que no generan contaminación o ruido, tampoco provocará flujos de personas en los alrededores que causen problemas de movilidad o seguridad. Lo que se busca es disponen de un espacio adecuado, una bodega de evidencias, que facilite las diligencias de identificación de víctimas de cientos de restos humanos que están arrumados en la regional Noroccidental de Medicina Legal, acá en Medellín”, indicó Germán Antía Montoya, profesor universitario y doctor en Ciencias Forenses.
La otrora lujosa mansión de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil hace parte de los casi 260 bienes que fueron asignados a la Unidad para las Víctimas con la finalidad de aportar a los procesos de reparación contemplados en las sentencias de Justicia y Paz en Colombia.
