La Administración Distrital identificó que más de 1.700 casas y apartamentos ofrecen servicios de alojamiento a través de diversas plataformas, sin contar con la documentación necesaria, relacionada con el uso del suelo, la actualización de la matrícula mercantil, la notificación de apertura a la autoridad policial, las exigencias sanitarias y ambientales, los horarios y el desarrollo de las actividades registradas.
Según la Ley 2068 de 2020 y el Decreto 1836 de 2021 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la vivienda turística debe cumplir con la inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT). En el caso de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, debe poseer la autorización en la escritura pública del reglamento y el cumplimiento de los requerimientos urbanísticos y de seguridad.
“Nuestro objetivo es regularizar las viviendas destinadas al alojamiento turístico, garantizando que se desarrolle con base en la legislación vigente y en las áreas designadas para este fin. Es importante evitar que los edificios residenciales se afecten por situaciones de ruido y convivencia ciudadana. Además, debemos prevenir la explotación sexual de menores, el consumo de drogas y la prostitución”, anotó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.
Según el Viceministerio de Turismo, en Medellín, el 74,36 % de los prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo, RNT, son viviendas, seguidas de agencias de viajes y establecimientos de alojamiento.
El incumplimiento de requisitos exigido a los prestadores puede acarrear multas hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cierre temporal del establecimiento y la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo hasta por cinco años.
“Nos hemos articulado para llevar un mensaje de legalidad, entendiendo la importancia del turismo y su aporte a la economía, pero todo dentro del marco debido para asegurar la sana convivencia y el correcto desarrollo de esta actividad productiva”, señaló la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.
Además de una obligación legal, el cumplimiento de las normas es un compromiso con la calidad, la seguridad y el desarrollo sostenible.
