Ante el aumento sostenido de la renta corta en Medellín a través de plataformas digitales, la administración distrital intensifica acciones de inspección, vigilancia y control para frenar el uso no permitido de edificaciones residenciales como alojamientos temporales.

Según datos del Observatorio Inmobiliario de Medellín, durante el primer semestre de 2025 se priorizaron visitas técnicas en comunas como El Poblado, Laureles, Belén, La Candelaria y el corregimiento Santa Elena, que concentran cerca del 80 % de la oferta de renta corta. En estas zonas, se realizaron inspecciones en campo y se iniciaron procesos administrativos sancionatorios en los casos en los que se evidencian transgresiones al uso del suelo establecido.

El Poblado y Laureles, por ejemplo, son sectores que fueron planeados principalmente para uso residencial, pensados para que vivan familias de forma estable. Por eso, cuando en ellos se instalan, de manera masiva, alojamientos turísticos, se rompe el equilibrio del entorno: se incrementa el flujo de personas por cortos periodos, cambian las dinámicas del vecindario y se generan molestias que afectan la convivencia, dado que este tipo de transformaciones no corresponden a la vocación original.

“Estamos enfrentando una creciente utilización de inmuebles para vivienda turística, tanto en la zona urbana como rural. Uno de los temas más reiterativos es la utilización de viviendas en zonas residenciales de baja mixtura, donde no están permitidos estos alojamientos. Ya hemos solicitado la anulación de más de 2.000 Registros Nacionales de Turismo de personas que lo tienen en este tipo de servicio. También, estamos revisando las licencias para construir oficinas, pero la utilización final también es de carácter turístico”, expresó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

En la actual administración, la Subsecretaría de Control Urbanístico ha elaborado 117 informes técnicos relacionados con este fenómeno. Estos documentos permiten verificar el cumplimiento de la normativa vigente, identificar irregularidades, sustentar sanciones cuando se vulnera el Plan de Ordenamiento Territorial y formular requerimientos a los propietarios para que se ajusten a la legalidad.