El próximo 29 de noviembre los habitantes de 8 de los 23 municipios que conforman la subregión del Oriente antioqueño deberán tomar una decisión trascendental para su futuro y el de generaciones por venir: dirán sí o no en las urnas, en el proceso de consulta para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMVSN).
Los 383.952 habitantes de Rionegro, Guarne, La Ceja, La Unión, El Retiro, El Carmen de Viboral, El Santuario y San Vicente Ferrer que estaban habilitados para votar en las pasadas elecciones presidenciales, serán quienes decidan sobre este proceso de integración.
Es la culminación de un debate que ha estado en la agenda pública impulsado por el interés de líderes políticos, gremios económicos y planificadores que ven en este modelo de integración una oportunidad para lograr y mantener una senda de crecimiento y de desarrollo equilibrado y equitativo.
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La llegada de nuevas industrias y de nuevos habitantes que demandan cada vez más bienes y servicios, así como la urgencia de proteger los recursos naturales y de mejorar las infraestructuras viales, educativas y de salud, están entre las preocupaciones.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que reúne a 9 municipios y al distrito de Medellín, sirve como ejemplo para quienes asocian esta figura con temas como la modernización institucional, el desarrollo y la solución de problemas que desbordan las capacidades de cada localidad.
Unidos, los municipios obtienen ventajas en asuntos como la gestión ante el Gobierno Nacional o para la consecución de recursos de cooperación internacional que permitan desarrollar obras de infraestructura de beneficio común.
De igual manera, el modelo de integración permite la creación de una autoridad de transporte que ordene rutas, unifique tarifas, modernice flotas haciéndolas amigables con el medio ambiente y proyecte infraestructuras y nuevos sistemas de transporte masivo.
En el altiplano han surgido múltiples proyectos de vivienda en altura, así como nuevas viviendas campestres y parcelaciones. El área permitiría la creación de un Plan de Ordenamiento Metropolitano para definir, de manera conjunta, los suelos que serán protegidos para la agricultura o para la conservación del agua y los que se destinarán a vivienda e industria.
No obstante, hay voces que contradicen estos y otros posibles beneficios que puede traer el AMVSN basándose, principalmente, en el hecho de que el modelo también puede favorecer la corrupción política y reducir la autonomía de los municipios y la de Cornare, como autoridad ambiental.
De aprobarse el AMVSN en la consulta del próximo 29 de noviembre, este será uno de sus principales retos: controlar la burocratización y evitar la corrupción aplicando mecanismos de control probados en áreas metropolitanas como Barcelona, Londres o Singapur. Sin ellos, el modelo de integración pierde credibilidad y la esperanza de un desarrollo equilibrado y equitativo se diluiría en sectarismos políticos y repartos burocráticos.
