*Por: Elidio Alexander Londoño Uriza. Director e investigador del Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible de UNIMINUTO, sede Antioquia-Chocó.
En un año electoral, la democracia se debería definir menos por la oferta de candidaturas y más por la calidad moral y cognitiva de las decisiones ciudadanas. Para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República de Colombia durante el año 2026, el voto representa un acto de responsabilidad pública sobre la decisión individual, considerando los efectos colectivos sobre el rumbo institucional, el uso de recursos, la garantía de derechos y la legitimidad del sistema.
Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), para 2026 Colombia experimentará un alto riesgo electoral en 170 municipios por razones de fraude y violencia; 81 de ellos están en riesgo extremo, 51 en alto y 38 en medio. Las subregiones con mayores puntos críticos son Arauca, nordeste antioqueño y sur de Bolívar; además del andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente colombiano (con municipios de Meta, Caquetá y Guaviare), y el medio y bajo Putumayo. Esos municipios reúnen 4.564.177 personas habilitadas para votar (el 11 % del censo, excluida Bogotá) y resaltan la dimensión estructural de riesgo, la cual no es una percepción aislada, sino una realidad territorial cuantificable que compromete a millones de votantes y exige respuestas institucionales diferenciadas.
En realidad, la ética del elector se expresa, en primer lugar, como deber de cuidado epistémico (o responsabilidad y rigor cognitivo) que incentiva a la información con criterio, el contraste de fuentes y el reconocimiento de límites propios de conocimiento.
Científicos y teóricos políticos como Stephan Lewandowsky, Ullrich K.H. Ecker, John Cock, Sander van der Linden, Jon Roozenbeek y Naomi Oreskes han insistido en que la democracia depende de condiciones de información mínimamente confiables; cuando la ciudadanía está masivamente expuesta a falsedades o sesgos inducidos, se deteriora la “integridad epistémica” del régimen democrático.
En segundo lugar, la ética del voto es responsabilidad práctica. Annabelle Lever recuerda que votar plantea dilemas reales expresados en decisiones con información incompleta, evaluación de promesas inciertas y ponderación de consecuencias para terceros. Esa complejidad no exonera, pues obliga a elevar el estándar para revisar trayectorias, consistencia programática, viabilidad fiscal y compromisos democráticos básicos (legalidad, controles, respeto por minorías).
En tercer lugar, la ciudadanía enfrenta un entorno donde la manipulación informativa se profesionaliza. En Colombia, evidencia experimental reciente sugiere que intervenciones pedagógicas breves pueden reducir vulnerabilidad a desinformación, lo que refuerza la idea de que el voto responsable se forma ―no aparece espontáneamente― mediante la alfabetización mediática, la deliberación y el entrenamiento crítico. Bajo ese mismo horizonte, estudiosos de la investigación aplicada sobre “prebunking” (o desacreditación anticipada) y psicología de la desinformación sostienen que la prevención cognitiva (adelantar tácticas engañosas) resulta más eficaz que la corrección tardía, cuando la mentira ya se instaló.
Estos desafíos exigen fortalecer competencias democráticas como la lectura crítica de datos, el pensamiento probabilístico, el debate respetuoso y la comprensión del Estado y del sistema electoral.
