Corría el año 2016 cuando un hecho detuvo el avance de un proyecto inmobiliario que se levantaba a un costado de la vía y a unos minutos de la variante que va de Las Palmas al aeropuerto José María Córdoba. En ese año, un hombre de negocios reclamó el predio que según él, le quitaron hombres que pertenecían a la llamada Oficina de Envigado. Ahí empezó un proceso de extinción de dominio y un pleito legal que trascendió las fronteras.
A esto, le siguió en el 2019, una demanda presentada por un grupo de personas contra Colombia y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El tribunal arbitral estuvo integrado por Klaus Sacks (presidente de nacionalidad alemana), Charles Poncet (co-árbitro de nacionalidad suiza) y Hugo Perezcano (co-árbitro de nacionalidad mexicana).
Los inversionistas reclamaron USD 255 millones, más de 1 billón de pesos. Por decisión unánime, el Tribunal, concluyó que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la extinción de dominio iniciada contra el predio del proyecto Meritage en Envigado (Antioquia), “pues éstas fueron medidas adoptadas y mantenidas en el tiempo para proteger intereses de seguridad esencial del Estado colombiano”.
Según un comunicado enviado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, “el arbitraje de inversión no puede ser instrumentalizado para promover fines delictivos tan repudiables como el tráfico ilícito de estupefacientes. De esta forma, es claro que la acción de extinción de dominio iniciada por Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos pues siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio de una de las principales organizaciones criminales del país”.
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