La participación ciudadana constituye la columna vertebral de cualquier sociedad democrática. No es solo un derecho, sino la condición fundamental que garantiza a través de la representatividad y la vigencia del Estado de derecho como lo conocemos, con un sistema de pesos y contrapesos, con veeduría y control ciudadano, así como la contribución desde la gobernanza a la formulación de la política pública.
La acción individual y colectiva mediante los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución y la Ley, permite que una nación avance de manera asociada y efectiva. Sin embargo, para que esta participación sea transformadora, debe trascender el solo acto de depositar un voto.
El primer análisis necesario es entender que la democracia ofrece herramientas de gobernanza efectiva. Más allá de las elecciones, la Constitución de 1991 estableció mecanismos como la acción de tutela, la consulta popular y el referendo. Según registros de la Corte Constitucional, anualmente se radican cientos de miles de tutelas, lo que evidencia una ciudadanía que utiliza vías jurídicas para hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos.
Esta es la esencia de un modelo bottom-up o desde abajo: ciudadanos que ejercen control y demandan del poder político el cumplimiento de la ley mediante estos mecanismos, para asegurar que se cumpla el mandato por parte de quienes los representan.
Para que este control sea efectivo, es imperativo tres criterios: ponderar el juicio del bien común, capacidad crítica frente a las propuestas que hace el sector político y procurar que las decisiones como ciudadanía protejan las instituciones, por encima de los cargos, que son pasajeros en lo público.
Una amenaza en medio de las bondades de la era digital, son las redes sociales que muchas veces se emplean como canales sin filtro donde abunda el populismo, la posverdad y la polarización, amenazas que el analista Moisés Naím describe como retos globales para la estabilidad.
En palabras más claras, desinformación, mentiras y exacerbación del odio con fines políticos o electorales.
Ante esto, la respuesta no es la apatía, sino el análisis riguroso de los programas de gobierno y proyectos políticos que nos ofrecen, evitando mesianismos que atraen por las formas llamativas pero carecen de contenido propositivo.
Un proyecto político viable de país que ofrezca cualquier partido, candidato o programa de gobierno debe procurar el bien común, que es el fin de la ética y además respetar cuatro pilares modulares.
El primero es garantizar la supremacía de la Constitución y la ley; propuestas que intenten cambiar las reglas, solo buscan intereses particulares que debilitan ese sistema de pesos y contrapesos al poder, la elección democrática y el respeto por los derechos fundamentales.
El segundo es el fortalecimiento institucional. De la vigencia de las instituciones como reguladoras del comportamiento en sociedad depende su viabilidad misma. Proteger y rodear las altas cortes, la labor de control político del Congreso, la autonomía del Banco de la República, la Fuerza Pública, los medios de comunicación como institución informativa y de opinión, son acciones inaplazables en democracia.
El tercero es la defensa inquebrantable de las libertades públicas, como la de opinión, la de prensa o la de culto. Una nación crece a partir de la diversidad y del respeto, de la pluralidad de opiniones, pero con un objetivo unificado, que es el bien común.
Finalmente, el respeto a la propiedad privada, como cuarto elemento que contribuye a dinamizar el desarrollo de un país. Las cifras son claras: según Confecámaras, Colombia cuenta con más de 1,7 millones de empresas activas que sostienen la economía nacional, generan empleo, formalizan el trabajo y se constituyen en la posibilidad del crecimiento y mejora de la movilidad social de millones de familias. El libre mercado permite crear bienes y servicios, producir empleo de calidad y aportar los tributos necesarios para financiar los servicios públicos, salud, seguridad y justicia.
Datos de la DIAN muestran que el recaudo tributario, motor del funcionamiento del Estado, proviene mayoritariamente del esfuerzo empresarial y ciudadano.
Si se garantizan estos cuatro pilares, habrá democracia y a través de la participación ciudadana se garantizará el control al Estado, para que cumpla sus funciones con efectividad. La invitación final es a ejercer una veeduría consciente. Participar en la democracia es informarse, cuestionar desde el respeto y entender que el desarrollo del país depende de nuestra capacidad de elección seria, crítica e informada, para proteger las instituciones y libertades que son las que finalmente permiten el desarrollo y el crecimiento de la nación.
