Héctor Escobar Restrepo
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Normas elaboradas a la medida de los intereses de ciertos grupos y en contravía del bien común, han sido determinantes en algunos de los problemas que hoy padecemos
/ Héctor Escobar Restrepo

En su edición anterior Vivir en El Poblado da cuenta de un hecho que ha pasado a mayores. Ya no solo se trata del desembozado desconocimiento de la norma por parte de algunas empresas, sino de su desafiante desconocimiento de la autoridad. Esto fue lo que se dio cuando empleados de Cinco S.A.S y Claro, se opusieron violentamente a un procedimiento ejercido por agentes de tránsito.

Por su pertinencia transcribo apartes de mi columna del pasado 5 de julio en la edición virtual: “La anomia es un estado de disfuncionalidad colectiva por la carencia de normas sociales o por su degradación. Cuando los choferes bloquean una intersección – ¿les suena familiar? -, se produce un taco, el tráfico se vuelve un nudo, y todos los que nos estamos desplazando nos vemos perjudicados, incluyendo los mismos que armaron el taco. Es un ejemplo simple de cómo la transgresión de una norma conduce a un estado de disfuncionalidad colectiva.

Colombia tiene síntomas de anomia puesto que, entre otras cosas, el incumplimiento de la norma muchas veces ni siquiera se ve como una conducta social cuestionable. No sería exagerado decir que hace parte de nuestros paradigmas pensar que es legítimo hacerle el quite a la ley. Hecha la ley hecha la trampa, hemos oído decir toda la vida. Se nos hace legítimo usar la vía pública como parqueadero privado, comprar contrabando o libros piratas, elevar globos con pólvora, no dejar dormir al vecindario…, en fin, son tantos y tan inusitados los actos ilícitos con los que convivimos, que muchos de ellos los vemos como actos normales.

¿Por qué? No hay respuestas simples. Para el caso de Medellín, no podríamos acercarnos a una explicación sin traer a cuento toda la historia reciente de la ciudad. Los ejemplos anteriores suenan inocentes y bobos ante la magnitud de las cosas que nos ha tocado vivir; pero de todas formas quiero llamar la atención sobre el hecho que la denominada cultura mafiosa sigue teniendo una enorme influencia en el comportamiento de mucha gente, aún en el de personas que claramente no tienen que ver con ese tipo de negocios.” Hasta aquí lo que había dicho.

Pero hay algo de más alcance. Con el argumento de “agilizar” trámites las normas fueron modificadas hace algunos años y ya no se requiere licencia de funcionamiento para abrir un negocio. ¡Para eso sirve el lobby! Y se llega hasta cambiar el Plan de Ordenamiento para legalizar hechos creados como se ha dado en el Lleras, Provenza y Manila. Si un establecimiento afecta el normal desenvolvimiento de la vida, es el ciudadano quien debe pedir la intervención de la autoridad. La carga de los trámites se ha trasladado al ciudadano. ¡Y vaya usted a ver la lucha que tiene que dar para que le sean reconocidos sus derechos! Y probablemente no lo logre. Baste preguntar a los vecinos de los parahoteles de los barrios Lleras o Provenza. O a quienes nos vemos afectados porque Claro y Cinco S.A.S. no disponen de los parqueaderos que requieren.

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