Francisco Luis Valderrama A.
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Mediante las Alianzas Público Privadas APP los colombianos transferimos nuestros recursos para enriquecer a los mismos de siempre. La “subasta” de Isagén fue un atentado contra el patrimonio de los colombianos
/ Francisco Luis Valderrama A.

Como una invitación a la reflexión, en artículo anterior intenté una aproximación al diccionario del engaño que son los eufemismos. Esta es la segunda y última parte, que por supuesto no agota el tema.

Los tratados de libre comercio, casi siempre asimétricos, ni son tratados porque son impuestos, cuñados con cifras marginales de “ayuda humanitaria”, ni son de libre comercio porque privilegian su flujo en una sola vía.

El secuestro es abominable en todo su significado y alcance. Toda acción que menoscabe al ser humano, la falta de oportunidades, las desigualdades sociales, la insatisfacción de sus necesidades básicas, le secuestran lo más preciado: su dignidad. Esa acepción no parece preocupar tanto al poder.

Son “falsos positivos” los asesinatos de civiles por o con complicidad de organismos de seguridad del mismo Estado. La expresión es doblemente cínica porque son asesinatos reales y una mancha negativa para la misma institucionalidad.
La normalidad laboral no se refiere usualmente al buen clima laboral sino a la ausencia de huelgas, así haya motivo para ellas.

Los precios de sustentación permiten que suba la gasolina cuando lo haga el precio internacional del petróleo: el mecanismo no opera para el caso contrario, o por lo menos no en la misma proporción.

La flexibilización laboral no aplica para el lado de abajo de la ecuación social o si lo hace, es para su desmejora. Por el contrario, maximizar las ganancias es un derecho de origen uterino de élites. En este caso se le llama “margen razonable de utilidad”.

Mediante pactos de colaboración, los corruptos públicos y privados reciben beneficios económicos y penales por denunciar a sus compinches. Algo así como robemos juntos y después nos denunciamos mutuamente que el resultado final será favorable.

Una entidad pública involucrada en una conciliación llevará la peor parte. Los colombianos terminaremos pagando los costos del “arreglo amistoso” y prohombres devengarán “comisiones de éxito” por ello. Realizar malos negocios con los bienes del Estado es, a lo sumo, negligencia o error de buena fe, pero nunca “chanchullo”, que se refiere solo a robar poquito. Aplican excepciones.

Desmontar los monopolios es un caballo de batalla de élites políticas y económicas. Pero lo que se cuestiona no es que lo sean sino que no estén en manos privadas: algo más de 2.500 personas en Colombia poseen el 60% de los recursos financieros y la tierra útil. No es a esos monopolios a los que apunta la expresión. Mucho menos a los que ejercen grandes multinacionales farmacéuticas o de telecomunicaciones por ejemplo.

Se comercializa y consume droga en las narices de las autoridades en todo el mundo, pero solo parece haber “capos” en los países de lado de abajo, que se quedan con las migajas del negocio. Tiene uno la impresión que los dólares se lavan solos y que en ello no tienen nada qué ver grandes bancos ni conglomerados financieros ni paraísos fiscales.

Son préstamos “gota a gota” los que se hacen en condiciones de evidente desventaja para el deudor, salvo por supuesto que se trate de obligaciones con instituciones vigiladas por alguna superintendencia de algo, que curiosamente no se denominan préstamos “chorro a chorro”.

Mediante las Alianzas Público Privadas APP los colombianos transferimos nuestros recursos para enriquecer a los mismos de siempre. La “subasta” de Isagén fue un atentado contra el patrimonio de los colombianos, pero es cínico cuestionar ese negocio y al mismo tiempo apoyar el regalo de UNE o la ETB como hacen algunos partidos y dirigentes públicos y privados.

La gestión social es un vistoso capítulo que acompaña los balances que las compañías presentan a sus accionistas. Opera usualmente como lavandería de conciencia y su beneficio real parece agotarse en aspectos impositivos o efectos publicitarios.

La mano de obra barata es una “herramienta de competitividad”. Hace poco tiempo recibía un nombre más prosaico: esclavitud.

El mismo Estado despeja de educación, salud y presencia integral vastas zonas del país. Pero la expresión solo parece importar si se refiere a su cara represiva.

Los impuestos son antitécnicos y regresivos si buscan gravar grandes patrimonios, pero “estructurales” y “modernos” si los pagan los ciudadanos del montón.

Y la tapa del congolo: si un proyecto social compite por recursos económicos con una “inversión” en armas por ejemplo, la “regla fiscal” se encargara de priorizar la última. ¡No se pueden malgastar los preciosos recursos que requiere la guerra!

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